por Carlos M. Añez
4 diciembre 2009
Se llevaron a cabo las elecciones de Honduras y Manuel Zelaya no fue restituido en el poder. Se cumple así nuevamente lo que la historia nos ha enseñado de que en países como los nuestros quien tiene el poder ejecutivo, que es el que controla las armas, es quien manda e impone su voluntad. No hubo ni presión ni fuerzas políticas externas que valieran lo suficiente para impedir que el gobierno de facto hiciera lo que había decidido hacer, dejar que ocurrieran las elecciones previstas desde mucho antes sin que Zelaya regresara al poder, y eso tiene importantes implicaciones.
En primer lugar, hay que reconocer que a pesar de los embates que sufriera el “principio de no intervención” y de los intentos de violación del “derecho de auto determinación de los pueblos” a causa de la increíble y unánime presión internacional ejercida sobre Honduras para revertir el golpe de estado, la soberanía de ese país sobrevivió y quedó solo amenazada. A Honduras se le excluyó de comunidades internacionales, se le suspendieron ayudas económicas y se le corto el acceso a recursos financieros a los cuales tenía derecho, se le opusieron trabas para su comercio internacional, se le cancelaron visas de viajes a sus dirigentes, se le hicieron afrentas diplomáticas de la peor naturaleza, se le ofrecieron mediaciones parcializadas y sobre todo, se despreció la soberanía y el poder “originario” de su pueblo al sujetar el reconocimiento de los resultados de las elecciones a la previa restitución de Zelaya en el poder. Sin embargo, en definitiva la soberanía de Honduras prevaleció y eso implica que hasta ahora la comunidad internacional y sobre todo los países poderosos todavía privilegian el concepto de soberanía de los estados independientes suficientemente como para no intervenir directamente por la fuerza en un país soberano, a menos que ocurran eventos extremos de genocidio o crímenes contra la humanidad.
En nuestro articulo de julio 2009 argumentábamos que : “Por ahora parecería que la no injerencia se deja de lado cuando se trata de la remoción indebida de un jefe de estado pero podría llegar el día en que también se aparte cuando se trate de violaciones constitucionales de otro tipo.” A la luz de lo que ha ocurrido, esa afirmación queda desvirtuada. Ni siquiera la remoción intempestiva de un jefe de estado en un país habilita a otros países para intervenir y revertir los hechos.
A muchos venezolanos les alegra que las elecciones hondureñas se hayan celebrado sin que Zelaya fuese restituido pues ven en eso el triunfo de fuerzas políticas contrarias al chavismo. Eso es válido y a mí también me contenta. No obstante, el caso de Honduras nos muestra realidades más duras de la que quisiéramos enfrentar. Comencemos por reconocer que allí se demostró que no hay fuerza externa que pueda intervenir para ayudarnos a resolver problemas políticos nuestros. Honduras nos ha hecho ver que, por un lado, nadie va a poder interferir con la soberanía, pero por otro lado, que no hay corte de justicia en el mundo a la cual acudir cuando nuestra constitución sea violada. Las violaciones a la constitución las resuelve el pueblo o mejor dicho, la lucha política en cada país. La futilidad de instancias como la OEA, la UNASUR y similares quedo clara y desnuda ante todos, pero entonces por implicación también son fútiles las huelgas de hambre para que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sea invitada a verificar violaciones en nuestros países.
En los avatares del caso hondureño hemos podido observar todas las miserias éticas de la diplomacia y la insinceridad del ejercicio de la política internacional. Vimos a gobernantes militares que en el pasado fueron conspicuos golpistas (Ustedes saben quiénes!) rasgándose las vestiduras porque los militares hondureños habían sacado a Zelaya en pijamas. Descubrimos un “mediador” que se atrevía a vetar proposiciones de uno de los lados en conflicto y a forzar que la negociación se efectuara sobre sus propias proposiciones. Nos impresionaron mucho ciertos reputados demócratas que negaban a priori la validez de las elecciones sin importar si serían limpias y concurridas pero que jamás han manifestado rechazo alguno a los abusos ventajistas electorales de los gobernantes en otros países (Ustedes saben cuales!). Sentimos asco por la diplomacia brasileña que después de romper relaciones con el gobierno de facto de Honduras porque no lo reconocía, reclamó el derecho a mantener una sede en Tegucigalpa para luego albergar a Zelaya y en desacato flagrante de convenciones internacionales, permitirle que desde allí tuviera actividad política pública mientras exigían para sí inmunidades de las establecidas precisamente en las convenciones que estaban violando como si su estatus diplomático estuviese normal. Aun más asco sentimos leyendo las recientes declaraciones de personajes como Oscar Arias llamando ahora a reconocer el resultado de las elecciones después de haber amenazado con el ostracismo a Honduras si no se restituía a Zelaya porque dizque él y Hilary Clinton estaban decididos a revertir el golpe de estado para sentar el precedente.
Hay gente que dice, como Lula, por ejemplo, que el reconocimiento de las elecciones de Honduras crea un precedente peligroso para las democracias de Latinoamérica porque con ello el golpe de estado queda impune y se estimula. Con esa posición se está olvidando que si el golpe se hubiese revertido por presión externa se habrían violado el principio de soberanía y el derecho de autodeterminación de los pueblos que son esenciales para la convivencia internacional y eso hubiese sido mucho más grave. También se está suponiendo puerilmente que los golpes de estado desaparecerían de la historia por virtud de precedentes rechazos de parte de muchos países. Los golpes de estado son eventos tan presentes en la historia como las guerras, las revoluciones, las dictaduras o el terrorismo que no han desaparecido a pesar de todo el rechazo humano que han recibido. No tienen justificación, validez o invalidez intrínsecas. Simplemente suceden por causa de procesos políticos en determinadas circunstancias históricas.
Con tales argumentos aparentemente principistas o moralistas y en consecuencia hipócritas, se está además dejando de lado las especificidades del caso particular de Honduras, en el que como republica democrática que es, hay separación de poderes y circunstancialmente el Poder Judicial y el Poder Legislativo encontraron causas para la remoción de un jefe de estado abusador. Lo que es peor, con eso se está suponiendo que todas las “democracias” merecen ser protegidas contra golpes de estado inclusive aquellas que no son sino disfraces de autocracias y dictaduras de último modelo. Todo eso declarado a todos los vientos por políticos como Lula que han perdido toda autoridad moral para presentarse como “paladines de la democracia” cuando se engolosinan en carantoñas mutuas con dictadores reconocidos del mundo ofendiendo en especial a los discriminados, los torturados y los muertos causados por sus regímenes. Debería más bien estudiar la historia de Rómulo Betancourt enfrentándose a los dictadores de América.
Aparte pues de haber dado ejemplo de dignidad y consistencia como nación, Honduras nos ha permitido apreciar la hipocresía, la inconsistencia y la desvergüenza de los políticos de diversas latitudes. Hemos podido observar como ellos a nombre de “la comunidad internacional” y “la defensa de la democracia” han argumentado hacia adelante y hacia atrás, han puesto en peligro principios fundamentales para el orden mundial, han cobardemente formado gavilla para presionar ilegalmente a una pequeña nación que escogió licita y legítimamente un rumbo político determinado y unas correcciones particulares a sus propios errores y con toda desfachatez e irresponsabilidad han comenzado a inventar galimatías para argumentar su salida del problema sin perder mucha imagen, como el Moratinos que dice que no reconocen las elecciones pero que no las ignoran.
El papel de los Estados Unidos ha sido mediocre y rayano en lo pusilánime. Al inicio, con actitud aparentemente favorable a un enfoque multilateral, se unieron a la gavilla para presionar a Honduras haciendo ver que estaban escandalizados con el golpe de estado pero luego manipularon las cosas para quedarse manejando el tema fuera de las instancias multinacionales. Actuaron - (literalmente, en el sentido teatral de representar un personaje) - como punta de lanza para castigar a Honduras suspendiéndole ayudas y programas de cooperación y llegaron al extremo de cancelar visas a los dirigentes del gobierno de facto personalizando así la presión extendiéndola ridículamente fuera del ámbito diplomático oficial. Se confabularon con Oscar Arias para mediatizar la mediación y tratar de imponer un acuerdo. Hicieron que Zelaya firmara un documento que lo despachaba definitivamente, lo dejaron chillando y resentido y sin embargo después declararon que las elecciones eran solo un “paso adelante” y contradiciéndose nuevamente dijeron que hay que reconocerlas. Para completar el sainete, Arturo Valenzuela luego dijo que la decisión del Congreso hondureño lo dejaba “dissappointed”. Vaya inconsistencia!
Desde hace cierto tiempo, en el contexto de la ciencia política hay una confrontación entre paradigmas de interpretación de la relación entre democracia y justicia. Uno de ellos[1] concibe a la justicia como el valor primario del cual se derivan los derechos democráticos de participación y auto determinación. En este paradigma, la justicia, entendida como garantía de igualdad para la libertad e igualdad de intereses, requiere de la democracia para concretar esa garantía y se funda en el voto libre, secreto y universal que se supone que lleva a la participación, la libre expresión del pensamiento y la desconcentración del poder. En otro paradigma[2], la democracia es el valor primario que requiere de la justicia para realizarse. A la justicia, como garantía de derechos civiles y de igualdad ante la ley, se le ve como el medio para concretar los propios derechos inalienables de auto determinación democrática.
Si se examina con este tipo de pensamiento en mente la actuación de los Estados Unidos, de Europa y de los grandes países latinoamericanos en el caso de Honduras, se aprecia claramente la dispersión, vacuidad e inconsistencia de la orientación política que sostuvieron hasta el final para rendirse ridículamente ante la realidad y aceptar la validez de las elecciones. Los gobiernos de esos países no tuvieron ni idea de que estaban persiguiendo. Si hubiesen mantenido a la justicia como valor primario debían haber apoyado las actuaciones del tribunal supremo y el congreso en Honduras exigiendo quizá que Zelaya fuese regresado para someterlo a juicio y promoviendo la celebración de esas elecciones cuanto antes. Si por el contrario hubiesen privilegiado la democracia como norte que, para ser alcanzado, requiere de la justicia, habrían visto las actuaciones del tribunal supremo como necesarias para asegurar la pulcritud de las venideras elecciones.
En cambio, los gobiernos se obnubilaron con el fantasma del golpe de estado como si todos los golpes fuesen malos. ¿o es que el golpe que le dieron a Pérez Jiménez y el que Morales Bermúdez le dio a Velasco Alvarado en Perú fueron censurables? Más aun, ¿Por qué no censuran los golpes que Fernando Mires denomina “desde el estado” y que paso a paso desmoronan la vigencia de nuestras constituciones? En fin, yo esperaba mucha más claridad política de por lo menos algunos de los líderes de los países más importantes del mundo. Es a mí a quien esos gobiernos dejaron “disappointed”, mientras reconozco en Roberto Micheletti el liderazgo que América Latina está necesitando urgentemente.
[1] Basado en los trabajos de Rawl, John; “A theory of Justice”, Harvard University Press, Cambridge, 1971 citado por Gould, Carol; “Globalizing Democracy and Human Rights”, Cambrideg University Press, Cambridge UK, 2004
[2] Que se atribuye a Dahl, Robert; “Democracy and its critics”, Yale Univ. Press, new Haven, 1989 citado en idem.
