MAS SOBRE EL DIALOGO
POLÍTICO
Por Carlos M. Añez
21 de Diciembre
2013
La reunión
de Maduro con los alcaldes recién elegidos ha provocado opiniones que señalan
lo bien que resultó. Ciertamente hay que contentarse, como dice un
comentarista, con que, por primera vez, Maduro no haya insultado y amenazado a
los alcaldes de oposición pero a mí me parece que eso debería ser lo normal sin
que se merezca elogio alguno. Ademas, habrá que ver si el intercambio de
posiciones que parece haber ocurrido se refleja posteriormente en hechos y comportamientos
concretos con respeto de la Constitución y cumplimiento de las leyes.
Otros comentaristas
dicen que la situación actual es tal que no se pierde nada con intentar
conversar y que, en todo caso, hay que hacer algo. Al mismo tiempo preguntan “¿…y
entonces, que hacemos? ¿…no hacemos nada? … hay que evitar la violencia… los
militares apoyan al gobierno… un levantamiento sería suicida…”. En respuesta
habría que a la vez preguntar “¿Qué hacemos para qué? ¿De qué están Uds.
hablando?” Obviamente, si preguntan ¿qué hacemos? Imaginamos que están
preguntando ¿Qué hacemos para cambiar el gobierno por otro que respete la
Constitución y no abuse del poder? No puede ser que la pregunta sea de qué
hacemos para que dejen trabajar a los alcaldes elegidos o que hacemos para que
no insulten. El dialogo que es necesario es uno en el que se negocie regresar a
una situación verdaderamente constitucional pero ese es el dialogo que no parece
posible, dada la naturaleza de la base del poder político en Venezuela.
Ademas de
la inconstitucionalidad de la elección de Maduro por doble nacionalidad, por
haberse mantenido como vicepresidente hasta las elecciones y por el propio
fraude electoral, este es un gobierno de facto que se mantiene en estado de
inconstitucionalidad por numerosas y sostenidas infracciones a la Carta Magna. La lista es
larga: prolongación ilegal del periodo de magistrados del TSJ, de los rectores
del CNE y del contralor; creación y mantenimiento de la milicia; expropiaciones
de tierras y empresas sin cumplir los pasos legales y sin indemnización; usurpación
de funciones del Poder Estatal (gobernadores) y del Municipal (alcaldes);
creación de cargos regionales paralelos; innumerables casos de prisión sin
juicio y allanamientos sin control judicial; violación de la independencia del
Banco Central; formulación fraudulenta del presupuesto nacional; manejo de
fondos públicos sin control alguno; y una larga colección de etcéteras. A todo
eso se le agregan las violaciones a los principios de la Constitución como el
respeto a los derechos humanos, el pluralismo, la democracia, la participación
y la descentralización que son violados cotidianamente por el gobierno y a esto
se unen las rendiciones de la soberanía nacional a favor de Cuba, Guyana y
otros Estados de su conveniencia.
Ante un
palmarés como ese no se puede considerar a este gobierno como dispuesto a una
negociación creíble y de buena fe. Pero además, aceptando que de facto es quien
detenta el poder y por lo tanto es a quien le corresponde enfrentársenos ¿para
qué negociar? ¿Qué esperamos obtener de esa negociación? ¿Acaso hemos obtenido
algo de las peticiones populares de no politizar la educación, de liberar a los
presos políticos, de controlar la delincuencia, de sacar a los cubanos del
poder, de no destruir empresas productivas con las expropiaciones, etc etc etc?
… y lo más importante ¿tenemos esperanza de ganar concesiones respecto a frenar
la inconstitucional instalación del socialismo y la cubanización de Venezuela?
Yo les dejo a mis interlocutores la tarea de responder esas preguntas aunque
obviamente tengo mis propias respuestas.
Prevalece
sin embargo la pregunta que nos hacen de: ¿…y ahora que podemos hacer? Tengo
algunas ideas que pueden contribuir a definir una estrategia política de lucha
para la oposición pero, eso es más bien la tarea de los líderes. No creo valido
que a simples comentaristas del acontecer político se nos planteen las preguntas
fundamentales. Sin embargo, se debería
comenzar por dilucidar claramente cuál es la fuente o la base del poder
político en Venezuela para por lo menos orientar la acción política en esa
dirección.
En mi
opinión, esa fuente es, como lo argumenté en mi artículo anterior, el acceso incontrolado
a los recursos públicos. Es con la inmensa montaña de dinero que ha generado el
petróleo venezolano con la que el régimen chavista ha comprado tanto los votos
de la mitad de los votantes como los apoyos de los militares, en lo interno y
los de regímenes aliados, en el exterior. Es con esos dineros con los que el
régimen ha financiado sus campañas electorales, la consolidación de su
hegemonía comunicacional, las decisiones judiciales favorables, las compras de
armas inútiles, los contratos de obras con empresas extranjeras y el
sostenimiento anti histórico del régimen castrista sin olvidar los dispendiosos
gastos de oropel para refuerzo del ego que se han efectuado a la vista de
todos.
Toda
acción política o económica que directa o indirectamente debilite el acceso del
régimen a los recursos públicos va al objetivo central de reducir el apoyo que
dan al régimen quienes dependen de la ilegal liberalidad oficial sean ellos
militares o civiles, nacionales o extranjeros. El apoyo que recibe el régimen
no se origina en una ideología o en una religión o en principios filosóficos.
El apoyo es comprado. Si las dadivas y las prebendas cesan, cesaría el apoyo. Por
eso es tan importante, exigir la designación constitucional del
contralor, de los magistrados del TSJ y del fiscal. Ese tema si vale la pena
negociarlo. Por eso también es importante la actividad en las comisiones de la
Asamblea Nacional de finanzas, contraloría y similares. Por eso es necesaria la
acción política en el terreno sindical para llevar la demanda de recursos para
reivindicaciones de los trabajadores a un nivel que compita con los gastos de
compra directa de apoyo político. Puede que esta idea suene ingenua y que
merezca que algunos digan que la oposición no tiene suficiente poder en
Venezuela para ni siquiera preocupar al régimen del riego de perder su control
absoluto sobre los dineros públicos. Habrá incluso quien se sonría ante este
planteamiento. Sin embargo, la vigilancia, la denuncia, el reclamo, la protesta
sobre el tema y el mero hecho de demostrar atención a como se asignan los
recursos a los diversos intereses de la sociedad divulgándolo entre la
población tiene un efecto que puede crecer, pero sobre todo son esfuerzos que
se enfocan en lo importante, en la base del poder.
Por último,
no debe olvidarse que una política orientada a ese tema se repotencia fuertemente
con los propios problemas creados por la incompetencia administrativa y el
desquiciamiento financiero del gobierno. El endeudamiento público y el
deterioro de la economía venezolana hacen que los recursos disponibles se
reduzcan inevitablemente por lo que si la acción política logra reducir algo el
acceso libre a los que quedan, el debilitamiento del régimen será incontenible.
