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Los reclamos a J.A. Abreu
Por CARLOS M. AÑEZ 29
ENERO 2013
8/08/2012
Resista Maestro Abreu
11/18/2010
LA HISTORIA Y LOS NAUFRAGOS
- Rivero, Mirtha, “La Rebelión de los náufragos”, Editorial Alfa, Caracas 2010
12/09/2009
Las implicaciones de Honduras
9/21/2009
The siege of Honduras
9/09/2009
El mediador de Honduras
7/29/2009
Las sorpresas de Honduras
27/07/09
Desde hace mucho tiempo estaba esperando el momento en que la estructura política interamericana de “defensa de la democracia” fuese sometida verdaderamente a prueba. No me fue suficiente el caso de Fujimori porque me pareció siempre un caso trivial. Me interesaba ver si la historia nos conduciría a una encrucijada en la que realmente los principios fundamentales de convivencia internacional desarrollados durante el siglo XX resistirían el riesgo de ser apartados por la resultante de intereses políticos de los Estados involucrados, con o sin pretexto de defender la democracia, o en la que las contradicciones implícitas en toda esa estructura hicieran crisis y obligaran a los gobiernos a encontrar nuevas soluciones o a quedar en ridículo. Creo que el caso de Honduras nos ha conducido a tal encrucijada.
Parto por reconocer que el concepto de soberanía que subyace a toda la estructura política internacional compuesta por naciones-estado ha sufrido profundos cambios (por no decir desgastes) desde su instauración en Westphalia en 1648, y vaya que cambios. Reconociendo las considerables cesiones de soberanía implicadas en la compleja red de tratados internacionales que están vigentes en el mundo, baste en el extremo mencionar la proposición canadiense aprobada por las Naciones Unidas en 2005 de que la soberanía de un Estado conlleva tanto su responsabilidad de proteger a su población contra violaciones a sus derechos humanos como también la responsabilidad de la comunidad de los otros Estados de intervenir para proteger a las poblaciones amenazadas si el Estado involucrado no quiere o no puede protegerlas.
A pesar de que esta magnánima idea de poner a un lado el precioso valor de la soberanía para defender propiamente a la gente se formula sin discriminar entre los derechos humanos que deben ser protegidos, en la práctica tanto la proposición canadiense como la actuación de las Naciones Unidas se han referido realmente al “derecho a la vida” y se han implementado en la historia reciente solo cuando hay genocidio en marcha o en puertas (Kosovo, Haití). Es decir que la responsabilidad de la comunidad de Estados de intervenir para proteger los derechos humanos no se activa cuando se trata de derechos que no implican la vida tales como los derechos económicos, políticos o de otra índole. No hemos llegado, pues, en el mundo al momento en que la soberanía se sacrifique totalmente en beneficio de la gente. De ahí que el derecho humano más defendido por los Estados no es ni siquiera el derecho a la vida, es el “derecho a la autodeterminación de los pueblos” que en la dura realidad no es otra cosa que el derecho de quien está en el poder a hacer lo que le venga en gana. En otras palabras y desde otro punto de vista, es el tan mencionado “principio de no intervención”.
Sin embargo, para mi sorpresa, la soberanía de Honduras ha recibido en estas semanas más golpes que gata ladrona y allí no ha ocurrido ningún genocidio ni hay población que necesita ser protegida. Con unanimidad increíble y sorprendente, “en tiempo real”, la comunidad internacional ha intervenido descaradamente en el conflicto interno de ese pequeño país. No solo los países del sistema interamericano con quienes, después de todo, Honduras, por ser signatario de la Carta Democrática Interamericana, tendría compromiso mutuo de respetar su orden constitucional y de sostener la democracia representativa, sino que los europeos e incluso algunos asiáticos, con quienes no hay tal compromiso explicito, se han pronunciado a favor de una de las partes en conflicto, el presidente depuesto. Algo nuevo ha afectado a la comunidad internacional para que haya destronado al “principio de no intervención” de su preponderante lugar en el pensamiento político dominante de nuestros tiempos. Hasta ahora, lo normal era que a nadie le importaba si una constitución era violada o mal interpretada o forzada.[1] Incluso en casos repugnantes como el de Guinea en su odiosa y sangrienta cadena de golpes y contragolpes militares, no se ha visto una reacción como la del caso de Honduras. Ni hablar de los casos como el nuestro en Venezuela en el que el orden constitucional es demolido poco a poco con leyes inconstitucionales y sentencias amañadas y la representatividad de la democracia es totalmente negada sin que nadie pierda sueño ni en Norteamérica ni en Europa ni en ninguna parte. ¿Qué es entonces lo que hicieron los hondureños para desencadenar esa reacción?
Se puede decir que el derecho de los gobiernos de decidir lo que quieran en el ámbito de su nación-estado está limitado por las leyes y en especial por las constituciones. Hasta ahora eso era cierto pero solo teóricamente. Las constituciones se suponen que subyacen a toda la estructura legal de un país y que definen la forma institucional de los poderes públicos y establecen los límites de su autoridad y las funciones que deben cumplir. Se fijan así las reglas de control mutuo entre los poderes públicos. Sin embargo, invadiendo campos que no domino, me atrevo a concebir a las constituciones también como contratos sociales en los que los ciudadanos se comprometen a cumplir unos deberes a cambio de unos derechos que les son garantizados y en los que los poderes públicos quedan obligados a gobernar y administrar dentro de los limites que les establecen las leyes. Más aun, creo que las constituciones son contratos entre un Estado y el resto del mundo según los cuales la correspondiente nación declara la naturaleza de su sociedad y los principios que la sustentan y que orientan su participación en la comunidad internacional, establece los vínculos institucionales que dispondrá para interactuar internacionalmente y le dice a los extranjeros que quieran quedarse en su territorio que garantías tendrán y que limitaciones encontraran para participar en la sociedad y en la economía.
El problema está en que todo esto es cierto solo teóricamente. Las realidades del ejercicio del poder son otras. Solo en los países con un desarrollo institucional y político avanzado encontramos coherente y consistente aplicación de las constituciones y las leyes en lo que se conoce como el “estado de derecho”, lo cual fundamentalmente resulta de una verdadera división de poderes que no se discute. La historia nos indica, aunque con una extensa variedad de situaciones, que países como el nuestro quien tiene el poder ejecutivo, que es el que controla las armas, es quien manda y es quien trata de capturar al resto de poderes públicos. Además, si la constitución le opone obstáculos a sus pretensiones políticas intenta cambiarla… y muchas veces lo logra.
Siendo las constituciones contratos entre el Estado y el resto del mundo no hay nada que reclamar desde el exterior cuando internamente se apliquen las disposiciones constitucionales con rigurosidad aunque duelan. En cambio, creo razonable esperar que sí haya reclamo de otros países cuando se violen las disposiciones constitucionales o legales arbitrariamente y aun más cuando por ello se afecten intereses extranjeros. No obstante, eso no lo hemos visto sino en casos extremos en los que intereses vitales de algún país se vieron gravemente afectados por las arbitrariedades provocando reacciones que han podido llegar hasta la guerra. En los casos normales, (como las estatizaciones de empresas, por ejemplo) lo que ocurre es que después de reclamos y señales de disgusto y quizá, alguna acción de demanda judicial o arbitral, los gobiernos tiran la toalla y se tragan las violaciones y quizá esperen una ocasión favorable para pasar factura. El “soberano” entonces tiende a salirse con las suyas.
En Honduras, los Poderes Públicos constitucionales actuando dentro del marco de sus respectivas jurisdicciones determinaron, en total cumplimiento de su “contrato” constitucional particular, la ilegalidad de las acciones de Zelaya y sin embargo la comunidad internacional no lo reconoce y reclama exigiéndoles, violando su soberanía, que anulen sus decisiones.
Los militares hondureños obviamente cometieron el error de no dejar que el sistema judicial constitucional de Honduras terminara el proceso que había iniciado declarando ilegal la convocatoria a referéndum por parte de Zelaya y sometiéndole a juicio, pero eso no explica la unanimidad internacional en exigir el regreso de Zelaya. En eso no hubo afectación de intereses extranjeros. Más bien pareciera que lo que hace reclamar a Europa y Estados Unidos es no querer quedarse atrás del liderazgo de los populistas de la región dejándoles la bandera de la democracia y del estado de derecho cuando a estos de demócratas no les queda ni el barniz. En este sentido, en Honduras se sentó un gran precedente que, en mi opinión, tendrá mucha influencia en el futuro de América Latina.
Es muy temprano para evaluar las consecuencias, pero creo que se pueden vislumbrar algunas lecciones. Por un lado, mucho pensaran los militares latinoamericanos antes de dar un golpe de estado porque en cualquier vuelta de los acontecimientos ellos podrían quedar siendo los castigados. También ha quedado claro que la soberanía de un gobierno para hacer lo que le de la gana no es plena y que el principio de no intervención no protege a los violadores de constituciones a ultranza. Por ahora parecería que la no injerencia se deja de lado cuando se trata de la remoción indebida de un jefe de estado pero podría llegar el día en que también se aparte cuando se trate de violaciones constitucionales de otro tipo. Hopefully !!!
[1] En Madagascar en el año 2002, un conflicto político de origen electoral paralizó al país por casi un año con gran sufrimiento de la población y pérdidas económicas cuantiosas sin que la comunidad internacional interviniera, hasta que el deterioro de la situación obligó a aplicar una solución negociada.
7/14/2006
TEODORO Y QUE DIFICIL ES SER DEMOCRATA
Por Carlos M. A?ez
http://www.analitica.com/va/politica/opinion/1901395.asp
Ser consistentemente demócrata es difícil. Es tan difícil como no ser racista o sexista. Uno puede creer que no es racista y puede hablar contra los racistas y puede comportarse en general como no racista, pero llega un cierto momento, el de las chiquiticas, en el que el racismo, ese que inevitablemente le viene a uno por la vía de la socialización y por internalización del “weltanschauung” de sus padres y congéneres, se le sale como los sapos y culebras brotan de la boca de Jack Nicholson en las Brujas de Eastwick.
Hace unos días alguien me señaló que un chiste que hice que involucraba un marico era señal de mi subyacente homofobia. Le argumenté que no tengo nada contra los homosexuales y que yo mas bien me vanagloriaba de mi espíritu liberal de siempre que, siendo yo heterosexual, me llevó a aceptar la libertad de cada quien de practicar sus preferencias sexuales y me permitió incluso tener amigos abiertamente homosexuales. Si pero, me replicó mi interlocutor, ridiculizar un comportamiento típico de homosexuales es una discriminación como lo es hacer un chiste ridiculizando un negro, un gordo o un borracho. Sus argumentos me han hecho pensar en lo difícil que es ser intelectualmente consistente para hacer corresponder siempre lo que se piensa y lo que se dice con los comportamientos y reacciones ante los demás y ante la vida. A uno siempre lo traiciona el subconsciente.
Esto parece que fue lo que le pasó a Teodoro Petkoff con las primarias. Él piensa que es y dice ser demócrata. Así se nos presenta. Sin embargo, cuando le toca reaccionar en una situación en la que sus intereses políticos particulares están en juego entonces los principios de la democracia pasan a segundo plano. Si tiene que escoger entre un método para encontrar la candidatura única en el que participe el pueblo directamente y otros en los que sólo intervengan negociadores políticos fuera de la incomoda presencia de los votantes, escoge uno de estos últimos. Se parece a un ingeniero que trabajaba conmigo en el mantenimiento de la Ciudad Universitaria en 1961 y que me decía: “si no tuviéramos estudiantes la Universidad estaría mejor conservada y nuestro trabajo sería mas fácil”.
Teodoro dice que la proposición de unas elecciones primarias es superficial, ingenua e irresponsable. La asemeja a la fatal ingenuidad de Carmona creyéndose dictador y la encuentra llena de riesgos entre los cuales destaca el de que se obtenga baja participación de votantes. Tuvo meses para oponerse claramente a la idea de las primarias y no lo hizo hasta ahora quizás porque sabía que ella surgió de la base de ciudadanos y contra esta un candidato, obviamente, no puede disentir públicamente. La posible baja participación le preocupa como si ella no fuese una posibilidad soberana de los votantes.
Para Teodoro el culpable es SUMATE. Nosotros, los millones que queremos las primarias, no importamos. Ni siquiera nos menciona. SUMATE es el aguafiestas porque es quien hace posible nuestro deseo de elegir. Que SUMATE presente la inexorable realidad del poco tiempo disponible es calificado como insolencia y autoritarismo inaceptable. O sea, el que pone un ultimátum no es el tiempo que el mismo Teodoro ha perdido politiqueando a ver si evitaba las primarias, es SUMATE porque lo evidencia públicamente cuando explica el cronograma que ahora es posible. !Que desverguenza! Lo que es insolente es creer que los votantes somos estúpidos.
Desde hace tiempo he argumentado que los males sociales que padecemos los venezolanos provienen en última instancia del deterioro moral y ético de nuestra población y en particular de nuestros políticos. Creo que han sido las bases éticas de la acción de los gobiernos las que han faltado. En mi opinión, lo que le ha sido negado al pueblo venezolano son políticos y gobiernos honestos, equitativos, justos, compasivos, responsables, cumplidores, austeros y en general decentes. Para ejercer las funciones públicas no se ha escogido a los mejores sino a los incondicionales. Nunca se han cumplido las promesas de que se perseguirá y castigará el crimen, que se dirá la verdad, que no se ocultara información, que no se usarán los recursos públicos para fines privados y que la gestión será ciertamente honesta y transparente.
No solo es esto lo que Venezuela necesita desesperadamente sino que además es lo que definitivamente diferenciará a una oferta verdaderamente democrática de la de Chávez. Por la vía de la definición novedosa de programas sociales no se logra diferenciación. En última instancia, ellos son aspectos administrativos y de asignación de recursos de la acción de gobierno cuya pertinencia y eficacia relativa dependerán poco de lo novedoso de su formulación. En cambio, tendrán más probabilidades de éxito si se fundan en la calidad intelectual y sobre todo ética de los administradores de turno. Así que dar subsidios en billetes de a 10.000 o con cesta-tiques es lo mismo. Lo importante es si quienes los reparten no son ladrones y están moralmente comprometidos con el bien social.
Por estas realidades es que me afirmo en mi creencia de que es muy importante que el nuevo liderazgo que conduzca la reconstrucción tenga bases morales y éticas inconmovibles que se hagan explícitas y se le garanticen al pueblo. La lucha contra las crápulas intelectuales que Chávez dejará atrás en las instituciones del Estado tendrá mucho más éxito si quienes las conduzcan se sustentan en principios éticos de valor universal y no negociables.
Esos son los valores que le exijo a quien vaya a recibir, eventualmente, mi voto y entre ellos está el compromiso a ultranza con la democracia y con la participación del pueblo, sin discriminaciones y sin excepciones. Todavía creo que Teodoro es un político íntegro que se distingue por sus valores morales y éticos pero en esta instancia me parece que lo traicionó el subconsciente y eso para mí lo invalida como candidato.Me preocupa sonar a cura moralista y fundamentalista porque no lo soy. Me apresuro entonces a pedir que se tomen estas posiciones mías como resultado, por supuesto, de mis propias posiciones éticas pero en este caso como reforzadas por observaciones y reflexiones realistas sobre lo que ha sido la causa principal del fracaso político e histórico del chavismo: su falta de ética, su dependencia del engaño, de la triquiñuela, del abuso de poder, del robo y de la trampa para lograr sus objetivos. Es por eso por lo que ha perdido tanto pueblo y es contra eso que debemos diferenciarnos.
9/24/2005
CHAVEZ EN LA ONU
Por Carlos M. Añez
El sábado 17 de septiembre, el dictador Chávez le dijo a un grupo de despistados comunistas en Nueva York que entre las cosas que él objetaba de lo aprobado el día anterior en las Naciones Unidas era que el documento hace referencia a la "responsabilidad de proteger" los derechos humanos que debe asumir la comunidad de Estados Miembros. Parece que Chávez dijo que ese texto era sospechoso por que autorizará a los países poderosos a invadir a otro país cuando ellos consideraran que un gobierno no podía o no quería proteger a su propio pueblo frente a amenazas contra sus derechos. Esa objeción de Chávez comenzó a verse más como una preocupación suya cuando volvió a mencionarla en el mitin que dio en Miraflores a su regreso.
El origen del concepto de "la responsabilidad de proteger" es reciente. Proviene de un fascinante estudio[1] promovido y financiado en 2001 por el Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo Internacional (IDRC) de Canadá a raíz de la controversia internacional generada por la intervención de la OTAN en Yugoslavia para detener el genocidio en Kosovo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se apercibió de la magnitud del genocidio perpetrado por los nazi contra los judíos en Europa, se inició un movimiento de opinión en todas partes que permitió coronar con éxito las luchas de dos décadas de activistas humanitarios cuando se logró que se adoptaran en las Naciones Unidas la resolución que define al genocidio, que lo declara crimen contra la humanidad y que lo hace universalmente punible y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se puede decir que ambos eventos, separados por solo 24 horas, (9 y 10 de diciembre de 1948) fueron resultados históricos que retrospectivamente parecen consecuencias lógicas de que los pueblos sobrevivientes a las masacres de la primera mitad del siglo XX, tanto el genocidio nazi como el de los otomanos contra los armenios, trataran de asegurarse de que nunca más volviesen a suceder declarándolos inmorales, ilegales y castigables.
Como sabemos, lamentablemente sus logros no fueron suficientes para impedir los horrorosos y sangrientos genocidios que siguieron al Holocausto en el siglo XX. Dejando de lado las masivas deportaciones y ejecuciones de los soviéticos en Europa Oriental y los excesos inhumanos de la revolución cultural en China solamente recordemos los dos millones de personas brutalmente asesinadas por el Khmer Rouge en Camboya, las 800.000 tutsis muertos a machetazos por los Hutus en Rwanda y los miles de musulmanes masacrados por los serbios en los Balcanes, todo ello ocurrido en plena vigencia de las convenciones internacionales ya citadas. En cada uno de esos casos, hubo denuncias a tiempo, conocimiento pleno y suficiente poder para que la comunidad internacional hubiese intervenido para impedir o mejor dicho, interrumpir la perpetración de tan horrorosos crímenes. Sin embargo, solo fue cuando la opinión pública mundial reaccionó al ver que los serbios se preparaban para perpetrar otro genocidio en Kosovo, que por fin hubo la decisión de intervenir con los bombardeos de la OTAN que condujeron al derrumbe del asqueroso régimen de Milosevic y sus carniceros. De tal manera, los kosovares se salvaron, a diferencia de los camboyanos quienes aun cuando estaban siendo perseguidos para morir, nunca recibieron ayuda e incluso tuvieron que tragar la amargura de ver a las potencias mundiales legitimando al Khmer Rouge en las Naciones Unidas aceptándoles sus credenciales como representación oficial de Camboya. No hay que olvidar que a quienes finalmente intervinieron para sacar al régimen de Pot Pol, los vietnamitas, todavía se les acusa de haberlo hecho por razones geopolíticas y no humanitarias.
Así como la comunidad internacional no intervino para impedir los genocidios de Armenia, del Holocausto[2], de Camboya, de Rwanda y de Bosnia, entre otros, tampoco lo ha hecho en casos menos sangrientos pero tanto o más causantes de sufrimiento humano como fue el régimen de Idi Amín y lo es ahora el de Mugabe en Africa. De manera que solo en el caso de Kosovo se intervino y se tuvo éxito a favor de seres humanos amenazados. Aunque todos sabemos que los riesgos para Europa de la vecindad geogrífica de Kosovo, es decir consideraciones geopolíticas, influyeron claramente en la decisión de intervenir.
Era inevitable que la intervención en Kosovo trajera a la palestra política internacional el debate sobre la contraposición de la necesidad de proteger a los seres humanos frente a amenazas a sus derechos fundamentales, por una parte y por la otra, el debido respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos, este último vinculado estrechamente al concepto de soberanía de los Estados. En uno de los extremos de tal debate se ubican lógicamente los perpetradores de genocidios que esgrimen la soberanía para que nadie venga a interrumpir sus orgías asesinas. En el otro extremo, están los humanistas e idealistas que exigen a los poderosos que por razones morales usen sus fuerzas para impedir los crímenes sin que importe ni la soberanía ni los ocho cuartos. Naturalmente, la realidad política del mundo obliga a la mayoría a buscar una solución a este dilema que antes de todo sea viable.
El Gobierno de Canadá tomó el reto y en el 2000 organizó el estudio que hemos mencionado promoviendo y financiando la revisión de bibliografía, la preparación de ensayos e informes y la celebración de seminarios y reuniones de politólogos, científicos sociales, historiadores y juristas de todas las regiones del mundo. Con todo ese esfuerzo, se preparó un denso documento que fue sometido a un grupo internacional de notables que incluyó ex-jefes de estado, catedráticos, juristas y pensadores quienes, constituidos en la "Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados" lo revisaron y produjeron su versión final.
Fue en ese proceso que se generó la idea de la "responsabilidad de proteger". Sus bases filosóficas parten de reconocer que el concepto de soberanía se ha transformado para adaptarse a las condiciones de nuestra era. En efecto, los historiadores han asignado a los acuerdos de Westphalia de 1648 la formulación de la soberanía como elemento fundamental del pensamiento político occidental que determinaráa gran parte de las relaciones entre los Estados hasta nuestros días. Los soberanos europeos de entonces agobiados y arruinados por las continuas guerras entre ellos mismos, acordaron, entre muchas otras cosas, que un territorio definido por fronteras claras que tuviese una población con cierta coherencia cultural y un soberano en ejercicio estable del poder constituía un Estado independiente, "soberano", en el que los demás no debían intervenir.
El acontecer histórico se encargó de transformar ese concepto de soberanía mediante la evolución del pensamiento político de los líderes del mundo impulsada, por no decir forzada, fundamentalmente por los traumas de las guerras y los conflictos.
Cada tratado internacional implica cesión o sacrificio de soberanía en cuanto que la libertad del soberano se reduce correlativamente a las obligaciones que se asumen. La madre de los tratados, la Carta de las Naciones Unidas, es la cesión colectiva de soberanía más amplia que conocemos. Los tratados complementarios a ella y en especial las convenciones sobre los derechos humanos, inevitablemente afectan la soberanía de cada Estado miembro.
Con la controversia post-Kosovo se planteó entonces definir los criterios con los cuales la comunidad de las Naciones Unidas pudiese actuar eficaz y legítimamente cuando tales convenciones se están violando. La Comisión convocada por Canadá concluyó que la soberanía conlleva la responsabilidad de proteger los derechos de los pueblos la cual recae en los gobiernos de cada Estado y que la comunidad de Estados, participando en las Naciones Unidas, tiene no solo la misma responsabilidad de proteger sino que además tiene la responsabilidad de prevenir la violación de los derechos humanos con acciones diplomáticas y políticas, tiene la responsabilidad de reaccionar incluyendo la intervención colectiva si la prevención no fuese suficiente y finalmente, tiene la responsabilidad de reparar los daños que una eventual acción militar pudiese causar.
Hay que reconocer que a pesar de que los argumentos y análisis de la Comisión se refieren a los derechos humanos en general, su texto no deja dudas de que se está pensando en casos de genocidios y que la intervención se concibe solo para las violaciones de carácter grave. En palabras directas, se supone que tiene que haber corrido mucha sangre para que las conclusiones de la Comisión sean invocadas. Aunque la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de las Naciones Unidas (1948) no menciona cantidades de victimas para calificar sucesos como genocidios, la opinión pública, o sea "el vulgo", mantiene en la mente que poquitos muertos no son genocidio. Para el común, el genocidio es masivo y si no, no es.
Sin haber participado en las negociaciones que hubo en las Naciones Unidas antes y durante la reciente Asamblea General sobre el texto del documento, no puedo sino inferir que el informe de la Comisión del 2001 causó suficiente impacto político como para que los países redactores incluyeran la referencia a por lo menos la "responsabilidad de proteger". Quienes sostenemos los valores éticos y morales que segregan al genocidio hacia el peor basural de los crímenes humanos damos la bienvenida a que en ese contexto se haya siquiera mencionado que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de impedir que esa lacra vuelva a ocurrir en el planeta.
A Chávez esto no le importa. Más bien, le preocupa. Sobre todo, debe preocuparle que no está claro si la "responsabilidad de proteger" se limitará al genocidio "masivo" o si por el contrario se extenderá a casos de violación de derechos humanos más sencillitos como el derecho de expresión, el derecho al trabajo o el de acceso a la justicia. Para Chávez ya es suficiente con la espada de Damocles de la Carta Democrática Interamericana y por eso se pica, reacciona y sin querer, hace ver que ají come.
Pero de toda esta reflexión lo que me acongoja es pensar en los amigos míos que todavía dan su apoyo al dictador. Son personas que dicen ser izquierdistas y que estimé mucho en el pasado porque parecían que compartían los valores éticos y morales que sostengo. Ahora me dan asco porque sé que incluso han sentido "orgullo" de que Chávez, a cuenta de atacar al "imperialismo", se haya opuesto a un logro humanista y moral que por pequeñoo no deja de ser valioso y trascendente.
Caracas, 22 de septiembre 2005
[1] "The Responsibility to Protect" Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, IDRC-CRDI, Ottawa, Canada, 2001; Ref http://web.idrc.ca/en/ev-1-201-1-DO_TOPIC.html
[2] Los aliados no intervinieron en Alemania para impedir el holocausto sino por razones geopolíticas.